¿Ético o legal?

Cuando Ana Alfageme presentó su reportaje a los responsables del diario El País, debía saber que estaba entregando algo más que un trabajo periodístico. Describir los últimos días de Madeleine Z. en su casa de Alicante podían suponer un delito, por cuanto la eutanasia activa es una práctica prohibida en nuestro país. Seguramente, antes de tomar la decisión de publicar el reportaje en el diario del miércoles, los servicios jurídicos de El País debieron analizar pormenorizadamente las consecuencias que se precipitarían, no sólo sobre la publicación, sino también sobre la propia Alfageme.

Madeleine

Entramos en aguas pantanosas, materias que unen dos ámbitos distintos: lo legal y lo ético. La cuestión está abierta. Desde el punto de vista estrictamente legal se abren algunos interrogantes. ¿Hasta qué punto es delictivo asistir a una práctica ilegal sin denunciarla? ¿Qué responsabilidad del delito debería soportar el reportero y qué carga penal podría cernirse sobre la publicación que acoge el reportaje? De momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha abierto diligencias de oficio y la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el caso.

Pero superando el obstáculo legal, existe un componente adicional que apunta al oficio del periodista. ¿Cuáles son los límites de la prensa? ¿Debe una publicación ignorar la legislación, con el fin de sacudir un debate social (la eutanasia, en este caso)? ¿Han superado los medios de comunicación su papel de meros informadores para constituirse en formadores, en portadores de ética, en agitadores de conciencias?

El País afirma en el primer artículo de su Libro de Estilo que su publicación “se define estaturiamente como un periódico independiente (…) y que se compromete a guardar el orden democrático y legal establecido en la Constitución“. Y si bien el compromiso de El País con la Constitución no debe albergar dudas a nadie (fue una de las pocas publicaciones que salieron a la calle el 24-F para apoyar la Constitución frente al golpe de estado del día anterior), sí aparecen lagunas interpretativas sobre el consideramiento legal en la difusión de un delito, y en la omisión de la pertinente denuncia.

El propio diario explica su postura en el editorial de hoy:

La libertad es un elemento fundamental de la dignidad humana. Y para muchas personas, disponer de la propia vida es el mayor ejercicio de libertad. (…) La actual legislación no prevé que el tren pueda parar a demanda, y tal como está redactado el artículo 143 del Código Penal, que castiga la ayuda necesaria al suicidio, la única posibilidad que le queda al pasajero desahuciado es tirarse del tren en marcha. (…) La sociedad evoluciona casi siempre más deprisa que sus leyes, y todo apunta a que en el caso de la eutanasia puede ocurrir lo mismo que con la regulación del aborto. Cuando la ley ignora la realidad, la sociedad tiende a buscar mecanismos alternativos aprovechando los resquicios de la norma o directamente al margen de ella.”

Si de verdad la sociedad española defiende el derecho a disponer libremente de su vida (y todo apunta en esa dirección) , no debería ser un obstáculo para que el gobierno iniciara una reforma legal en esta dirección. Pero de momento los planes no van por ese camino. El PSOE ha insistido en su posición: la eutanasia no es materia para la presente legislatura. Y el PP, con relación a este aunto, ni viene, ni se le espera.

El artículo 143.4 del Código Penal Español dice que “el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo“. Y con semejante dictado, es evidente que las dudas despertadas por el término ‘activo’ abren el camino a la eutanasia en casos como el de Madeleine.

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