El derecho a la vida

La muerte de Taha Yasin Ramadan tuvo una crónica anunciada. El ex vicepresidente iraquí fue ejecutado la pasada madrugada en cumplimiento de la sentencia impuesta por el Tribunal de Casación por colaborar con Sadam Husein en la matanza de 148 chiíes en 1982. Ramadan subió al estrado acompañado de un juez y de un verdugo, que le colocó una capucha en la cabeza para evitar el pánico de contemplar su propia muerte. Ramadán fue más afortunado que Barsan Al-Tikriti, otro colaborador de Sadam recientemente ahorcado, al que la soga le cercenó la cabeza por su extremada longitud. Dicen que, durante la caída del cuerpo de Ramadan por la trampilla, se hizo el silencio, a diferencia de las anteriores ejecuciones en las que se gritaron consignas de odio contra los suníes. En otras partes del mundo, el silencio institucional fue todavía mayor.

Adelantar el acontecimiento de un crimen, en un país civilizado, debe servir para que sus fuerzas de seguridad traten de evitarlo. ¿Pero qué ocurre si es el propio país el que ordena ese asesinato? En 2005 fueron ejecutadas al menos 2,148 personas en 22 países. Estos son los datos oficiales que maneja Amnistía Internacional. Los reales, sin duda, son más elevados. Desde 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado cada año una resolución instando a los países que no han abolido la pena de muerte a que suspendan las ejecuciones. Pero es sabido que hacen falta más que resoluciones para terminar con la pena de muerte. Y es que, aunque más de la mitad de los países del mundo ya han abolido esta práctica, es fundamental la existencia de una legislación internacional compartida que implique a todas las naciones para su erradicación.

La pena de muerte debe ser abolida por tres motivos fundamentales. Primero, porque las sentencias son irreversibles y se sustentan en una falso concepto de infalibilidad de la justicia, que supone un verdadero riesgo de ejecución de inocentes. Segundo, porque condena a la persona que daña a la sociedad a no poder enmendar su delito. Y por último, porque las sentencias de muerte son una violación flagrante de un derecho, el derecho a la vida, que cada ser humano posee por el simple hecho de su existencia. Así lo estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3º al decir que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

La Ley del Talión es inaceptable en la sociedad civilizada del siglo XXI. Naciones Unidas debe comprender que si acepta en su seno a países que ejecutan a sus ciudadanos, están cometiendo una hipocresía flagrante frente a sus declaraciones anuales de condena de la pena de muerte. En la actualidad existen 22 países adscritos a la ONU (y suscriptores de la Carta de Derechos Humanos) que han recurrido a la sentencia capital desde el año 2000 para ajusticiar a sus presos. Es el momento de que Naciones Unidas tome cartas en el asunto, modifique los mecanismos de veto en sus resoluciones y adopte sanciones para los países que incumplan la Declaración de Derechos Humanos. Su prestigio (y su futuro) está en juego.

3 respuestas a El derecho a la vida

  1. Pablo dice:

    Como contrario a la pena de muerte, no puedo aceptar el primer argumento. Este implica que, caso de poder asegurar la culpabilidad, la sentencia a morir sería aceptable. Creo que el mejor argumento contra la pena de muerte es el segundo: todo crimen es una afrenta contra la sociedad, por lo que eliminar a su autor supone eliminar la posibilidad de que este lo repare con su conducta futura y, a la vez,ahondar en el crimen que este ha comentido. En definitiva, rebajar al colectivo al mismo nivel del criminal de este modo, supone duplicar su comportamiento y legitimarlo, pues el hecho de que la autoridad lo realice manda el mensaje de que es lícito.

    Por cierto, recomiendo el blog de Justo Serna, uno de los intelectuales más honestos que ha dado nuestro país: http://blogs.epi.es/jserna/

  2. hgarrido dice:

    El primer argumento no es bidireccional en modo alguno. Del hecho de que la pena de muerte sacrifique a inocentes por error, no debe inferirse la aprobación de la ejecución si fuese demostrable el delito. Los tres motivos funcionan de forma conjunta. Y sobre todo, bajo el manto del tercero (y principal): el derecho a la vida.( ¿Tenemos dos posturas comunes en sendos editorales? Vamos a tener que mirárnoslo…)

  3. Anna dice:

    Felicidades, Héctor. Me ha gustado mucho el texto. Además, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hasta luego.

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